Se aclara y complementa la postura señalada en los Conceptos C-246 del 12 de marzo de 2026 y C-488 del 18 de junio de 2026, en el sentido de precisar algunos aspectos relativos a su clasificación, puesto que, a juicio de esta Agencia, no todas las instituciones dentro de esta categoría son destinatarias de la excepción del parágrafo del artículo 56, en razón de su naturaleza jurídica y, particularmente, de su régimen contractual. “… esta Agencia advierte que tanto el Concepto C-246 de 2026 como el Concepto C-488 de 2026 centraron su análisis en la denominación o naturaleza jurídica genérica de las entidades mencionadas en el parágrafo del artículo 56 –esto es, en el hecho de que se trate, formalmente, de una “Institución de Educación Superior pública”–, sin detenerse a examinar si, dentro de dicha categoría genérica, existen tipos de instituciones sometidas a regímenes de contratación distintos entre sí. En esa medida, si bien ambos conceptos acertaron al identificar que la excepción del parágrafo del artículo 56 opera en función de la naturaleza jurídica de los sujetos allí enunciados y no en función de un régimen contractual autónomamente considerado, dicha conclusión no puede entenderse en el sentido de que toda entidad que ostente la denominación genérica de “Institución de Educación Superior pública” resulte, por esa sola razón, cobijada por la excepción del parágrafo del artículo 56 de la Ley 2195 de 2022, con independencia de su régimen de contratación.” “se corrige el error de redacción del numeral ii. de las razones del Concepto C-1180 de 2026, en el que se indicó que las entidades del parágrafo “no tendrán que implementar Documentos Tipo a excepción de aquellos casos en los que la contratación esté relacionada con el giro ordinario de sus asuntos”. El sentido correcto, que es el que sostiene el resto de ese concepto, es que estas entidades “no tendrán que implementar Documentos Tipo por virtud del artículo 56 en los casos en los que la contratación esté relacionada con el giro ordinario de sus asuntos, salvo que los manuales internos de contratación de estas entidades dispongan la obligación de tener en cuenta los Documentos Tipo como una buena práctica contractual”.
En el arrendamiento de maquinaria, el contratista se obliga a conceder a la entidad el goce temporal de unos equipos a cambio de un precio, en los términos del artículo 1973 del Código Civil. En el suministro de agregados, pétreos, granulares o asfaltos, se obliga a entregar bienes de forma periódica o continuada, conforme al artículo 968 del Código de Comercio. En ninguno de los dos casos ejecuta un trabajo material sobre un bien inmueble, y tampoco se trata de consultoría o interventoría. Por eso estas actividades no aparecen en las matrices de experiencia de los documentos tipo vigentes, y no es obligatorio aplicarlos.
Hacer parte del pliego no convierte a la minuta en un texto inmodificable. “… el artículo 2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 1082 de 2015 enumera la información mínima que debe contener el pliego de condiciones y, en su numeral 11, incluyó desde su expedición “Los términos, condiciones y minuta del contrato”. El artículo 8 del Decreto 997 del 4 de agosto de 2026 modificó ese artículo y dejó el numeral así:
“11. Los términos, condiciones y minuta del contrato, incluyendo las cláusulas anticorrupción que deberá cumplir el contratista”.
Conforme al numeral 16 de la Ley 136 de 1994 “Los municipios y distritos podrán celebrar convenios solidarios con: Los cabildos, las autoridades y organizaciones indígenas, los organismos de acción comunal y demás organizaciones civiles y asociaciones residentes en el territorio, para el desarrollo conjunto de programas y actividades establecidas por la Ley a los municipios y distritos, acorde con sus planes de desarrollo”; del mismo modo el artículo 95 de la Ley 2166 de 2021 indica “Las entidades del orden Nacional, Departamental, Distrital Y Municipal y los Organismos de Acción Comunal podrán celebrar directamente convenios solidarios con el fin de ejecutar obras hasta por la menor cuantía”.
Las Leyes precitadas se encuentran vigentes, además estas prevalecen en su aplicación sobre la norma suspendida provisionalmente por el Consejo de Estado, de tal forma que, se debe observar y aplicar toda la reglamentación que incorporan estas sobre la contratación directa de convenios solidarios para la ejecución de obras hasta la menor cuantía con Organismos de Acción Comunal.
Bajo esa tesitura, el criterio y posición de esta Agencia es determinar que las entidades del orden Nacional, Departamental, Distrital y Municipal siguen autorizadas por la Ley para celebrar convenios solidarios con Organismos de Acción Comunal para la ejecución de obras hasta por el valor de la menor cuantía de la entidad estatal.
“… las entidades estatales pueden planificar y evaluar alternativas para atender sus necesidades recurrentes de interventoría, incluida la posibilidad de agrupar proyectos cuando exista justificación suficiente. Sin embargo, determinar si pueden conformar un banco de interventores para asignarles las interventorías de las obras que se adjudiquen durante una vigencia requiere verificar la viabilidad jurídica del mecanismo concreto, las condiciones de determinación del objeto contractual, el respaldo presupuestal y las reglas aplicables al concurso de méritos y a los Documentos Tipo.”
“… la verificación de la información aportada por el proponente debe realizarse conforme a lo establecido en los numerales 1.11 y 1.15 del Documento Base, teniendo en cuenta que no cualquier inconsistencia en la información presentada puede configurar una falsedad o rechazo de la oferta, en los términos expuestos.”
Los documentos tipo no contienen una regla especial sobre los efectos de la fusión y de la escisión, y las entidades no pueden agregarla en virtud de la inalterabilidad que los rige. En esos procesos las entidades verifican la experiencia con el RUP y los formatos previstos, y aplican las normas generales conforme a los criterios aquí expuestos.
Para acreditar el factor saldos de los contratos en ejecución “SCE”, como lo establece la “Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública”, el proponente debe presentar la lista de contratos de obras civiles en ejecución, tanto a nivel nacional como internacional, señalando: i) el valor del contrato; ii) el plazo de ejecución del contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras objeto del contrato (día, mes, año); iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unión temporal, junto con el porcentaje de participación del oferente que presenta el certificado; v) si el contrato se encuentra suspendido, y si es así, la fecha de suspensión, además del saldo pendiente por ejecutar. Si el proponente no tiene contratos en ejecución, en el certificado debe constar expresamente esa circunstancia.
¿Cuál es el alcance de la interventoría como actividad especializada en los términos del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011?, ii)¿Establecen las normas generales de contratación estatal un nivel de formación o título profesional determinado para ejercer la interventoría y qué criterios debe observar la entidad al estructurar los perfiles requeridos para su ejecución?, iii) ¿Qué alcance tiene la calificación de la interventoría como actividad del ejercicio de la ingeniería y qué autoridad define las atribuciones de cada una de las modalidades que la Ley 842 de 2003 distingue?
De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, la capacidad residual es la aptitud de los oferentes para cumplir de manera oportuna y a cabalidad el objeto de un contrato de obra, sin que los demás compromisos contractuales que han adquirido afecten su habilidad para cumplir el objeto del contrato que está en proceso de selección. En este sentido, la Capacidad Residual únicamente es exigido para los contratos de obra pública, por tanto, en los Documentos del Proceso de obra pública, la Entidad Estatal debe establecer un requisito adicional a los requisitos habilitantes que es la Capacidad Residual o K de Contratación, la cual deben cumplir los interesados en participar en un Proceso de Contratación.
